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El Ayuntamiento de Vigo exige a los bomberos que eliminen cualquier documentación en español |
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El Sindicato del Cuerpo recurre la orden asesorado por Galicia Bilingüe
El Ayuntamiento de Vigo ha remitido una circular a los suboficiales del servicio municipal de bomberos para que sustituyan cualquier documentación existente en los vehículos del cuerpo que esté en idioma castellano. El escrito alude a unas supuestas instrucciones del Valedor do Pobo para justificar la orden.
Tras recibir la circular, el Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Vigo solicitó asesoramiento a la asociación Galicia Bilingüe y, tras constatar que a esta entidad no le consta que el Valedor do Pobo haya realizado nunca indicaciones en aquel sentido y más bien que esta institución siempre se ha caracterizado por la defensa de la libertad lingüística y del bilingüismo administrativo, ha decidido solicitar formalmente una rectificación a la Administración Local.
En esta respuesta, la central se refiere al Estatuto de Autonomía de Galicia y a la Ley de Normalización, que establecen que nadie podrá ser discriminado por razón de lengua y que los poderes públicos garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, gallego y castellano, con independencia de que potencien el empleo del primero en todos los planos de la vía pública, cultural e informativa. En este sentido, los bomberos consideran paradójico que se invoque al Valedor do Pobo para recomendar precisamente que una de las dos lenguas desaparezca de la documentación oficial.
“Cuestión distinta sería _indican_ si la supuesta recomendación del Valedor fuese para garantizar que el gallego estuviese siempre presente en dicha documentación, pero sin excluir la presencia del castellano”. En este sentido, el sindicato incluye en su escrito referencias a dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El escrito sindical concluye solicitando que se proceda a rectificar la circular municipal y, a ser posible, a acompañarla del texto de la recomendación o sugerencia del Valedor a la que hace mención, “pues estimamos que, en base a la legislación vigente y la jurisprudencia relacionada, no cabe excluir el empleo de ninguna de las dos lenguas oficiales, sino, en todo caso, garantizar el uso de la otra”.
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